Hace escasos días, los portavoces del gobierno del Partido Popular anunciaban una nueva medida contra la clase trabajadora y los sectores populares: la anulación de la tarjeta sanitaria para aquellos desempleados de larga duración que decidan trasladarse al extranjero durante más de noventa días y establecer allí su lugar de residencia.
La información ha suscitado, como no podía ser de otra manera, indignación y críticas en los barrios obreros y populares, así como en los centros de trabajo y de estudios. Es habitual oír en el trabajo, o en clase para los estudiantes, comentarios airados contra la disposición legal.
Dadas las fechas en las que se publicó la decisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir el 26 de diciembre, muchos pensarían que el ejecutivo estaba ensayando inocentadas para el Día de los Santos Inocentes que estaba ya al caer. Pero nada más lejos de la realidad. El gobierno del Partido Popular, al servicio de los monopolios como todos los anteriores, se limitó a dar un paso más en la dinámica de despojar a la clase obrera de todos sus derechos, hasta los más elementales, para situarla en un contexto de miseria y explotación aún mayor que el de las décadas pasadas. Todo con el objetivo de remontar beneficios en esta época marcada por la crisis estructural del sistema capitalista, y para mejorar la rentabilidad de las grandes empresas privadas con la mirada puesta en la competencia con los burgueses de otras naciones.