Ha sido de lejos una de las leyes más polémicas de esta legislatura -y teniendo en cuenta la cantidad de controversia que el PP ha generado ya en los casi 4 años, es mucho decir- y una de las que más rechazo popular ha conseguido, haciendo del ministro José Ignacio Wert una persona "non grata" para la comunidad educativa y provocando innumerables huelgas a lo largo y ancho del territorio español. No obstante, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa ya ha entrado en vigor este año en varios cursos.
Y es que en este año 2015/2016 se empieza a implantar esta ley no sólo en la educación primaria (los cursos de 2º, 4º y 6º, que eran los que quedaban por pasar por el proceso), sino en las educaciones medias: 1º y 3º de educación secundaria y 1º de bachillerato. Y ya existen resultados de los efectos que esta ley produce, sumados a otras causas abiertas por el gobierno actual -y los gobiernos anteriores- para atentar contra la educación universal, gratuita y de calidad en todos los niveles.
Como ya hemos denunciado en este espacio, un tercio de las familias no van a poder afrontar los gastos de la "vuelta al cole", entre otras cuestiones, por la renovación que todos los centros han tenido que hacer de los libros de texto motivada por la implantación de la LOMCE -ya completa en primaria, y que terminará de completarse el año que viene en secundaria, bachillerato y formación profesional-, con cambios totalmente absurdos y cuestionados por la comunidad educativa en los currículos, pero que benefician a las editoriales por el volumen de venta que va a suponer tal desembolso por parte de las familias.
A esto hay que sumar la existencia de diversas pruebas oficiales que se empiezan a realizar este año en primaria, mientras que en 2016-2017 los alumnos de E.S.O. y bachillerato se enfrentarán a las "reválidas" -como indica la propia ley, un instrumento para mejorar la "competitividad" del estudiantado-, que en absoluto sustituirán en el caso de los de bachillerato a las pruebas de acceso a la universidad, que se prevé que dejen de depender de las comunidades autónomas para que las diseñen las diferentes universidades -previo pago a la universidad de la correspondiente tasa por realizarlo-, en un ataque directo al estudiantado con menores recursos económicos a distintos niveles para reconvertirlos en mano de obra barata, sea por falta de títulos de estudios básicos, sea por acabar en un grado de formación profesional en el que sean explotados por empresas mientras estudian.
En definitiva, la LOMCE es simplemente otro engranaje más para "mejorar la calidad educativa" en el sentido capitalista de la expresión: Es, junto a las diferentes estrategias universitarias, una ley que beneficia a los empresarios, puesto que convierte al sistema educativo -con cada vez mayor proliferación de centros privados concertados y menor educación pública- en un más efectivo instrumento para conseguir trabajadores más baratos y más centrados en conseguir "resultados", como han aprendido a lo largo de toda su trayectoria académica.
Sobra decir que esto para la clase obrera y los sectores populares no tiene nada de "calidad educativa", y mucho menos mejora. Sólo la lucha organizada de la comunidad educativa, incluyendo por supuesto a los estudiantes, podrá frenar en un futuro el camino que se inició antes de que entrara en vigor, el 9 de diciembre de 2013, la polémica y anti-obrera "ley Wert".
