El 17 de febrero de 2014, hace aproximadamente un año, el CEUC (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria) invitó al Presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, al acto "Tengo una pregunta para usted", "un momento excepcional para poder plantear al presidente de la Comunidad nuestras dudas, reflexiones e inquietudes y un ejercicio de transparencia del Gobierno con sus ciudadanos"1.
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El colectivo Estudiantes en Defensa de la Educación Pública (EDUP), del que varios miembros de CJC formaban parte, entendiendo que Ignacio Diego es uno de los responsables del deterioro y la precarización que sufre la Universidad de Cantabria, organizó una protesta, pero las puertas del edificio donde se celebraba el acto, la denominada "Casa del Estudiante", estaban custodiadas por agentes de seguridad privada que, siguiendo instrucciones, impidieron el acceso a las y los estudiantes que podrían mostrar una actitud crítica ante el presidente Diego, mientras que se permitió el paso a personas totalmente ajenas al ámbito universitario.
Una vez acabado el acto, las protestas continuaron e Ignacio Diego decidió salir del edificio por una de las puertas traseras, acompañado por sus escoltas, los cuales agredieron violentamente a dos estudiantes. Ante esta circunstancia, varios jóvenes pidieron explicaciones a los agentes de la Policía Nacional allí presentes, pero estos optaron por identificar a algunos estudiantes. Sin embargo, esta bochornosa situación no termina aquí, sino que se ha saldado con la imputación, por el momento, de doce chicos y chicas, en base a las imágenes que aparecieron en la prensa regional en los días posteriores.
Este capítulo represivo ha de ser enmarcado dentro de la estrategia de violencia tomada por la oligarquía político-económica, la cual ve peligrar sus intereses de clase. De esta estrategia emanan también normativas legales, como la Ley de Seguridad Ciudadana ―o Ley Mordaza― que facilitan los mecanismos de represión del Estado y que establecen los marcos legitimadores de la total impunidad en la intervención violenta contra las luchas obreras y populares y donde la juventud, como eslabón más débil, resulta especialmente perjudicada.
La conclusión es clara, en situaciones de lucha por parte del la clase obrera y el estudiantado, el Estado muestra su verdadero carácter de clase para defender los intereses de la burguesía y no duda en utilizar la represión como elemento natural dentro de la estrategia de conservación del poder para ejercer su dominación de manera aún más férrea.
Se trata, como bien dice el camarada Eduardo Corrales en el número de enero de Unidad y Lucha, de criminalizar la protesta y a quienes protestan, de avisar que comienza una nueva etapa en la lucha de clases en la que ya nada ampara los derechos de los trabajadores dentro de la jurisdicción burguesa.
Notas
[1] Tengo una pregunta para usted, CEUC
