El 8 de febrero el portal digital del famoso periódico 'El País' publicaba una entrevista de la conocida Pilar Álvarez a Montserrat Gomendio, Secretaria de Estado de Educación. Probablemente muchos lectores hayan visto la entrevista pero desde Tinta Roja queremos hacer un análisis completo de la misma explicando los motivos políticos que esconden las reflexiones de Gomendio.

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Quizá lo primero que llame la atención es que Montserrat Gomendio asegura que hay consenso en el contenido de la reforma entre Universidades y Gobierno y que el conflicto ha estallado por la problemática de los plazos. Parece ser una respuesta curiosa cuando los rectores, tanto a título individual como a través de sus órganos (véase la CRUE) se han manifestado en contra de la reforma.

Pero en este punto hay que admitir que a la Secretaria de Estado no le falta razón. Y es que, reforma tras reforma, vemos cómo los rectores se manifiestan en contra de las medidas del Gobierno para, posteriormente aplicarlas sin ningún tipo de reparo e, incluso como en el caso de las tasas, aplicarlas en su máximo dentro del baremo posible. ¿A qué responde esta lógica? En primer lugar responde a una lógica de los propios rectores que, conocedores de que están imponiendo medidas que van contra los intereses de la mayoría de los alumnos, intentan desligarse. Intentan desligarse con un comunicado que condena las acciones del Gobierno y después imponiéndolas bajo la lógica de que 'están atados de pies y manos'. Nada más lejos de la realidad. No tiene sentido, por ejemplo, que Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, firme un comunicado posicionándose en contra de la subida de tasas y después ponga los precios más altos posibles en su centro.

Y aquí se liga con el segundo elemento importante que no es otro más que la rendición de cuentas. Las medidas educativas se adoptan e implementan desde varios niveles. Desde la Unión Europea con su Espacio Europeo de Educación superior al rector de la Universidad pasando por los Gobiernos centrales y autonómicos. La idea es sencilla: todos estos niveles van a una, tienen un mismo objetivo (que no es nada más y nada menos que convertir las universidades en empresas) pero si cada uno dice que no ha sido culpa suya, que ellos están en contra y que además tienen que implementarlo porque 'son órdenes' el estudiante no sabe muy bien de quién es la culpa y tampoco sabe muy bien contra quién tiene que pedir explicaciones. Esta cuestión, que puede parecer sumamente banal, no lo es. A los ojos del estudiante de la Complutense el rector Carrillo no es culpable de las reformas educativas porque se manifiesta públicamente en contra. Pero es que tampoco debería serlo Wert, quien dice que son órdenes de la UE.

¿Es cierto todo esto? Sí y no. En parte es cierto porque todos estos actores pueden tomar una serie de decisiones dentro de unos márgenes y, ¡qué casualidad! siempre eligen las que más perjudican a los estudiantes de familias trabajadoras y a su vez más favorecen a las empresas. Pero por otro lado es cierto que, dentro de la Unión Europea, no caben medias tintas y sólo cabe acatar las medidas que se han aprobado en su seno.

A continuación la Secretaria de Estado esgrime el mismo argumento que ha utilizado el Ministerio como defensa a todas las críticas del 3+2: su implantación es voluntaria. En este caso se refiere a los tiempos. La realidad es que, pese a que la medida sea voluntaria en cuanto a los tiempos y que, como hemos visto, los rectores tienen cierto margen de maniobra van a tener que implementar el 3+2 de manera casi conjunta. Aquí se va a producir un efecto dominó: cuando una Universidad implemente el 3+2 el resto irán corriendo detrás pues los estudiantes van a elegir los centros donde les sea más económico, en tiempo y dinero, sacarse los estudios de grado. Porque en el momento que se implementa el 3+2 se produce una degradación de todos los grados y ante tal perspectiva el estudiante prefiere hacer el mismo curso (y como decimos, con menor calidad que el modelo anterior) en menos años y menos dinero en un principio. Aunque el posgrado ya sea otra cosa. De nuevo vemos aquí este juego de obligación de implementación y cierta autonomía. No es algo caprichoso y como se ha explicado responde a un modelo de, intentar por un lado, situar a 'polis buenos' (los rectores) y 'polis malos' (el Gobierno) y, por otro, difuminar enormemente la rendición de cuentas. En definitiva, se intenta dar a entender que no todos los actores involucrados en el sistema educativo quieren acabar con la educación pública aunque de facto esto sea falso.

Las siguientes preguntas giran en torno a un tema capital como son los niveles de desempleo de los jóvenes españoles. En primer lugar es sumamente demagogo que la Secretaria de Estado haga mención al sistema de Bolonia como el principal obstáculo a la hora de acceder al mercado laboral. Es curioso porque cuando se implantó el sistema de Bolonia se 'nos vendió la moto' argumentando que era un modelo más flexible para poder adaptarse al mercado. Años después vemos cómo esto no es cierto y se propone ir más allá. Resulta que no es que Bolonia fracasara, es que no realizó un cambio suficientemente profundo. Aquí, de nuevo, dos ideas: por un lado la situación de crisis estructural ha demostrado cómo estos intentos son vanos y, por otro, se demuestra cómo Bolonia sólo era la primera piedra de una gran reforma educativa cuyo siguiente paso vamos a sufrirlo en este 2015.

Y es todavía más demagogo porque la realidad no es que los jóvenes no encuentran trabajo por estar peor preparados, porque sus estudios han sido muy rígidos o porque el modelo de Bolonia es un fracaso (que lo es) sino porque esa es la lógica del mercado laboral. Las reformas educativas que se han hecho hasta la fecha y las que se quieren implementar no buscan que los jóvenes encuentren más y mejores trabajos sino que a las empresas les sea más rentable contratar. Este es el primer punto fundamental, las reformas educativas están hechas para las empresas y no para los estudiantes. Esta afirmación tiene muchísimas consecuencias, pero aquí nos interesa extraer dos.

Primero, eso significa que todas las reformas que se hagan van a condicionar la calidad de los estudios y al acceso a los mismos en función de los intereses de las empresas. Y si seguimos con este hilo discursivo entendemos que la finalidad de las empresas en la Universidad es obtener, por un lado, futuros trabajadores baratos y eficientes y, por otro, invertir dinero y obtener beneficios económicos. Esto no es una visión sesgada ni tampoco demoniaca de las empresas: la finalidad de las empresas es obtener beneficios económicos para que los socios, los empresarios, puedan llevarse jugosos cheques. Y esos beneficios se consiguen a través de sus trabajadores. Lo que percibe el trabajador no lo percibe el jefe. Y el tiempo que el estudiante está aprendiendo en la empresa y no produciendo es tiempo que el empresario no va a recibir en forma de dividendos.

Segundo, las reformas educativas y el mercado laboral va a virar hacia la flexibilidad. Eso significa que cada vez va a ser más difícil encontrar un trabajo estable y con buenas condiciones. Por eso no nos interesa hablar sólo de tasa de paro de jóvenes titulados sino también de qué condiciones tienen los que están trabajando. Así, aunque ahora es cierto que la tasa de desempleo de los titulados triplica la media de la OCDE¹ y desde luego es una problemática a tratar si, en años posteriores, la tasa de desempleo baja no vamos a alabar las políticas que han llevado a esa reducción sino que vamos a ver en qué condiciones se contrata a los jóvenes. Dicho de otra manera, el joven que trabaja gratis o por 100 o 200 euros al mes no está en unas condiciones sociales mucho más ventajosas que el joven que está en el paro.

Otro elemento importante a destacar en esta parte de la entrevista es la distinción que hace la Secretaria de Estado entre titulados y no titulados. Parece desprenderse que la problemática que tiene cada sector es diferente. Ya hemos analizado que el problema de los jóvenes no es su cualificación sino la lógica del mercado. Pero yendo más allá de las palabras de la señora Gomendio se desprende que no puede ser que los jóvenes titulados tengan esos niveles de paro. O dicho de otra manera, que los niveles de paro de los no titulados son totalmente normales y comprensibles.

Es cierto que dentro de la sociedad española todavía existe una jerarquización de las personas por su nivel de estudio y es algo fuertemente asentado que los trabajadores con mayor nivel de estudios tengan mejores condiciones laborales mientras que aquellos que no han completado estudios universitarios tengan que vivir en situaciones casi de mendicidad. Pero si relacionamos estas declaraciones con la lógica actual del sistema educativo universitario llegamos a una conclusión más alarmante: si con todas estas reformas se está expulsando a los hijos de los trabajadores de la universidad y sólo las familias con rentas más altas pueden permitirse que sus hijos estudien lo que conllevan las palabras de la Secretaria es que es normal que los hijos e hijas de la clase obrera tengan peores condiciones laborales y que las medidas sólo van a ir a asegurar que los titulados, quienes han podido pagarse los estudios, accedan en mejores condiciones. Es decir, sólo derechos laborales y seguridad para los empresarios y sus vástagos.

El siguiente punto interesante nos hace saltar las fronteras del Estado y analizar el resto de países de nuestro entorno y también de Europa. La Secretaria de Estado no tiene pelos en la lengua y dice que la reforma nos acerca a países como Alemania, Francia o Reino Unido. Y no se equivoca. Como hemos dicho las reformas educativas españolas están dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) compartido por todos los países de la Unión Europea. Y aquí de nuevo el subconsciente nos juega una mala pasada pues al leer los dos bloques que nos presenta la señora Gomendio (por un lado los ya citados países europeos y por otro Chipre, Armenia o Georgia) el lector rápidamente quiere estar entre los primeros. Y el lector quiere estar entre los primeros porque sabe que esos países son potencias mundiales tanto económicas como políticas. Pero quizá no se ha parado a pensar que Alemania, adalid del trabajo y del sistema capitalista en Europa, condena a sus jóvenes a los llamados 'mini-jobs', trabajos de días e incluso horas que les impiden elaborar un plan de vida porque no saben siquiera si mañana trabajarán. O que Reino Unido, cuna del liberalismo y el capitalismo más clásico, tiene a sus mejores investigadores, a los doctores jóvenes, con 'contratos de 0h'; es decir, contratos donde el trabajador no sabe cuántas horas trabajará la semana que viene ni qué días ni bajo qué jornada sino que se le va comunicando conforme las necesidades del centro.

Y es que el hecho de que un país sea más o menos rico en términos económicos sólo significa que ese país tiene multinacionales con más peso. Y aquí el lector podrá pensar que sí, que todo esto es cierto, pero que conoce perfectamente la situación de un conocido o familiar que está estudiando en Francia, por poner un ejemplo, con unas tasas universitarias irrisorias. Y no le faltará razón en su argumento pero no en cómo debemos manejarlo: cuando en un país, sea el que sea, los estudiantes o los trabajadores tienen mejores condiciones laborales o de acceso a la educación esto se ha conseguido por las luchas constantes de los mismos. ¿Cómo se explica, si no, que Cuba tenga el segundo mejor sistema educativo del mundo según la ONU? Es decir, ¿qué lógica tiene que un país del tercer mundo tenga mejor acceso a la educación y centros más preparados que la todopoderosa Alemania o los orgullosos EEUU?

Esto no quiere decir que defendamos los sistemas educativos de Chipre o Armenia. Lo que quiere decir es bien sencillo: Gomendio dice que o bien entramos en 'el juego' del EEES para que nuestros estudiantes puedan ser explotados el día de mañana como unos trabajadores con estudios reconocidos por la multinacional que venga a contratarnos en condiciones de miseria o bien no nos adaptamos al EEES y nuestros estudiantes serán explotados sin tener esos estudios. ¿Existe alguna diferencia reseñable? Sí pero no para el estudiante. De nuevo es todo para la empresa. A las grandes multinacionales les conviene que España se adapte al EEES para poder sacar tajada en las Universidades tanto invirtiendo como si de compra de acciones del Ibex35 se tratara como también para obtener jóvenes cualificados con las necesidades que ellos demandan de manera gratuita.

La siguiente cuestión que toca la Secretaria de Estado son las becas y tasas. En primer lugar no cabe detenerse más tiempo a analizar la falacia sobre la subida o no subida de las tasas. Simplemente recordaremos de nuevo que, por regulación legal, las tasas del grado tienen que moverse entre un baremo mientras que las tasas del máster se mueven entre otro baremo más alto. Esto quiere decir que siempre cuesta más el crédito de máster que el de grado. Y si se reduce un año de grado para aumentarse un año de máster con idénticos resultados finales en cuanto a nivel de estudios al final el recorrido ha salido más caro. Aquí Gomendio lo dice claramente: no se van a revisar estos precios.

Respecto a las becas de nuevo la Secretaria de Estado intenta tapar una realidad más que evidente. Y es que puede que con los números presentados por el gobierno se hayan dado más número de becas pero como ya hemos analizado en este portal se están recurriendo a distintas herramientas para reducir la cantidad que debe recibir el estudiante como dar sólo 60 euros a los alumnos que no se matriculan de todas las asignaturas. Así, quizá, con el mismo dinero pueden becarse a 200 alumnos más pero cada uno recibirá una cantidad reseñablemente menor. Ciertamente este es un tema que exige un estudio exhaustivo pero el actual sistema de becas, totalmente opaco tanto en su fórmula como asignación, impide sacar datos relevantes pues no se sabe bien cuántos alumnos han recibido beca, con qué importe, en qué condiciones y respecto a qué situación.

Finalmente la Secretaria de Estado adelanta un punto que será objeto de reforma en un futuro y es el total descontrol existente en la otorgación de carreras, posgrados y centros. Dicho de otra manera: en España no existe ningún control sobre las Universidades que se crean, dónde se crean y qué importen. Aquí parece ser que la mano invisible de Adam Smith hace el resto. Este es un sistema que si bien criticamos desde Tinta Roja, pues no tiene sentido que miles de estudiantes se tengan que desplazar para realizar los estudios que desean mientras que en su Comunidad haya clases medio vacías, o que haya carreras que se imparten en prácticamente todos los centros (como Derecho o ADE) y que en muchos no se llega a un mínimo de alumnos mientras hay otras carreras con unas medias altísimas porque existe una demanda brutal de plazas que no es compensada con la oferta (como medicina o veterinaria) no compartimos la solución que se planteará. De nuevo se va a mirar por las empresas y se propondrá un sistema donde sea el mercado el que decida qué Universidad pervive y qué carrera continuará el año que viene y cuál no.

Ciertamente entrevistas como estas son sumamente esclarecedoras si sabemos leer entre líneas pues sitúan muy bien las posiciones de Gobiernos, rectores, UE y empresas ante la educación.

Notas:

[1] El paro de los titulados españoles triplica la media de la OCDE, 09-09-2014