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Sobre la "legitimidad democrática" del Estado

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Alexis Neira Navarro

“El Estado es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables. Pero a fin de que esos antagonismos, esas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del “Orden”. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado”

Esta frase de Engels define claro lo que es para los marxistas el Estado, ese ente que hoy en día, en época de crisis capitalista, está en boca de mucha gente, sobre todo de los políticos de turno, con llamamientos a defenderlo y hacer sacrificios por el bien del mismo. O en algunas partes, con nacionalismos que proclaman su derecho a ser un nuevo Estado dentro de la Unión Europa.

Sin embargo, el Estado no es más que un producto histórico de la sociedad y, en cada momento, ha tenido una configuración distinta. El Estado actual capitalista, de hecho, tiene apenas poco más de dos siglos, iniciándose su andadura con la Revolución Francesa de 1789, en la que la burguesía acabó con el Antiguo Régimen y su Estado feudal. Vemos que el advenimiento del capitalismo no fue precisamente pacífico ni democrático. Sin embargo, esa misma burguesía, en una época en que ve tambalearse su situación y su poder, llama constantemente a la normalidad democrática, a la legitimidad tanto de las urnas como de las leyes aprobadas en el Parlamento. Pero, tras esa aparente “democracia” y soberanía popular, se esconde el dominio de todas las esferas por los capitalistas, ya que, como el Estado nace de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y, como al mismo tiempo, nació en medio de conflictos entre las clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con la ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Así pues, el moderno Estado democrático-burgués es un instrumento más del que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado. Y en este Estado actual, la explotación también se legitima por el llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, símbolo de su libertad de expresión, otro de los principios fundamentales de la democracia, ¿pero esta libertad de expresión quién la tiene y la ejercita realmente? ¿ Pueden los trabajadores y los sectores populares ejercerla en igualdad con la burguesía? ¿Las ideas de la clase obrera tienen la misma difusión que la ideología burguesa? Un análisis de los principales medios de comunicación en el Estado español nos muestra la cruda realidad, donde tan solo dos o tres grupos empresariales controlan la inmensa mayoría de los canales televisivos, radios y periódicos (Grupo Prisa, Vocento, etc...), sirviendo como medios de agitación de la propaganda capitalista, desprestigiando la lucha y los logros de la clase obrera; apenas sin diferenciarse en su manera de enfocar las noticias, unos más “liberales” otros más “progresistas”, pero todos en poder de la clase dominante, y como se sabe, “hasta que los leones no tenga sus propios historiadores, las historias de caza encumbrarán siempre a los cazadores”. Hasta que la clase obrera no se organice y constituya su poder, los medios de comunicación venderán las bondades del Capitalismo.

Esta idea de que el Estado representa los intereses de la clase dominante, se pone más de manifiesto en tiempos de crisis capitalistas, como la actual, en que con solo echar una mirada a la composición del actual Gobierno de España, podemos ver cómo la mayoría de sus miembros son representantes de la burguesía nacional; o cómo muchos políticos acceden a puestos en los consejos de administración de las grandes multinacionales españolas, cobrándose así los servicios prestados.

Otra de las características con las que se trata de dotar de legitimidad popular es la existencia de leyes aprobadas por un parlamento escogido en votaciones cada cuatro años; aquí bastaría con la famosa frase de Lenin de que lo que se escoge cada cuatro años es el Consejo de administración de los intereses de la burguesía. Pero en verdad, ¿a quién podemos votar cada cuatro años?¿Qué representan los partidos políticos? En una sociedad divida en clases, los partidos políticos representan intereses de clase y no hay que fijarse en su palabrería y su propaganda, sino en lo que realmente hacen cuando actúan; como decía Lenin, cuando la crisis hace que las buenas palabras e intenciones no valgan, los partidos políticos demuestran realmente su carácter de clase y a quién representan. El PSOE prometía el pleno empleo y demás mejoras sociales, pero una vez en el Gobierno, llevaron a cabo toda una serie de recortes contra la clase obrera. Las campañas electorales de estos partidos son financiadas millonariamente por la burguesía española, que, ahora que los partidos anteriormente útiles a sus intereses se ven desacreditados, no dudará en hacer subir otras opciones políticas para gestionar su sistema, de ahí el ascenso de UpyD y el de IU-PCE, esa muletilla de “izquierdas” que en plena crisis estructural llama a salvar el Estado Social, el Estado del Bienestar, creando falsas ilusiones en los trabajadores de este país y olvidando la verdadera naturaleza del Estado Burgués.

Pero además, en un sistema que tiende a la reacción en todos sus aspectos, su famosa “democracia” que tanto dicen respetar, ellos mismos la violan, como en la última reforma de la Ley Electoral, dónde se exigen millones de firmas a los Partidos extraparlamentarios para poder presentarse a las elecciones, ¿esta es la democracia que debemos defender y en la que tenemos que actuar sin salirnos de ella?

Una vez realizadas las elecciones y configurado el Parlamento, comienza la tramitación de las leyes, que según los juristas burgueses representan la voluntad de todo el pueblo soberano y por ello han de respetarse, sin entrar a valorar su “moralidad” o su “finalidad”; pero una simple mirada al fondo de las leyes que se aprueban, basta para darse cuenta de los objetivos que buscan; actualmente, en crisis estructural del sistema, vemos con mayor claridad el carácter burgués de este derecho (Reforma Laboral; Reforma Pensiones; Reforma Seguridad Social; Reforma Educación...) ataques claros contra las condiciones de vida de la clase obrera y los sectores populares. El Derecho, ese ideal para muchos de justicia y libertad, como vemos, no es más que el reflejo de la base económica del país y, con una economía que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la apropiación de la riqueza que se genera entre todos por unos pocos, esa superestructura legal no hará más que legitimar la explotación y defender los intereses de la minoría.

Así, cuando ya no les basta con la ley, el Estado hace uso también de sus destacamentos especiales de hombres armados (Policía, Guardia Civil), fuerza pública que se hizo necesaria porque desde la división de la sociedad en clases, la continua lucha entre ellas provoca que la dominante se rodee de estos cuerpos para proteger sus privilegios, incrementando en situaciones tensas como la actual, el número de miembros de estos Cuerpos y el presupuesto para armarlos y que actúen contra los obreros.

Por eso, de nada sirven hoy las voces que llaman a una “regeneración democrática” del Estado y de la política, ni los que llaman a la recuperación del “Estado del Bienestar”; son cantos de sirena que legitiman el capitalismo y por tanto la explotación, apartando a la clase obrera de su labor histórica como clase, que no es otra que la toma del poder y la utilización del Estado en beneficio de la inmensa mayoría de la población, aquella que vive de su trabajo, acabando con la propiedad privada de los medios de producción y acabando por tanto con la burguesía, instaurando el control obrero y popular en todos los aspectos económicos y sociales.

Ejemplos tenemos de ello, como fue el caso de la URSS, donde el Estado Socialista llevó a cabo grandes avances, como la jubilación a los 60 años para los hombres y a los 55 para las mujeres, la erradicación del paro ya en 1937, las vacaciones retribuidas, la vivienda como derecho real, no como especulación... reflejémonos en el derecho de la URSS, donde base económica era la propiedad social de todos los medios de producción, con la planificación económica en beneficio de todos, avanzando hacia el comunismo y la completa extinción del Estado que, por dejar de existir las clases, dejará ya de ser necesario y pasará a ocupar su lugar en el museo de la Historia humana.

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