Los comienzos nunca son fáciles, eso es algo que sabemos todos. A día de hoy los jóvenes, en concreto, la juventud española, no lo tenemos fácil debido a la inexperiencia característica de esta etapa, pero también debido a las desigualdades económicas y sociales que nos rodean. Entonces, la juventud española parece preferir irse al extranjero para centrarse en su carrera profesional y en descubrir el mundo que la rodea. Sin embargo, ¿es esto una opción o una obligación?

El acceso a la educación superior nos lo encontramos cada vez más restringido debido a la privatización y a la profesionalización que está efectuándose en este ámbito con el único objetivo de apartar a la juventud trabajadora de las aulas. Como muestra algunos datos: en relación al coste de las matrículas de la formación profesional, de grado superior y de la universidad, este ha aumentado un 47% desde el año 2009, siendo la comunidad autónoma de Cataluña la que presenta las tasas más elevadas.

El panorama laboral no es muy distinto. La creación de empleo precario y estacional fomenta que los jóvenes no podamos ahorrar y nos veamos empujados al habitual «vivir para trabajar» porque a duras penas llegamos a fin de mes. El salario mínimo interprofesional en España es de 707,60 euros y si tenemos en mente que el precio de los alquileres, es decir, una habitación en un piso compartido, ronda los 400 euros, contando con los gastos energéticos, los gastos por transporte y la comida, el sueldo restante da para poco más que para hacer un chiste, y de los malos.

Llegados a este punto, la única opción viable para muchos jóvenes que quieren empezar a vivir de forma independiente sin el soporte económico de sus padres es la inmigración. La juventud española se ve forzada a alejarse de su entorno conocido, de familiares y de amigos porque en su país no encuentra opciones que le permitan desarrollarse de forma autónoma. Es necesario mencionar que no sólo la inmigración se produce de España hacia el extranjero, sino de manera interna desde zonas menos pobladas y, por ende, con menos oferta laboral, hacia las grandes ciudades, lo que comporta el envejecimiento de muchas zonas del país y la despoblación como consecuencia final.

La problemática añadida al tema de la inmigración, ya sea interna o externa, es la de la especulación inmobiliaria. Establecerse en otro lugar o en otro país para vivir es complicado, pero lo es aún más cuando al buscar alojamiento nos damos cuenta de que la oferta que hay cuesta más de la mitad de nuestro sueldo y el tamaño de la vivienda es de poco más de 15m. Consta como uno de los derechos básicos en la Constitución Española el acceso a una vivienda digna, pero en este momento parece que se olvida que no se puede vivir en estas condiciones.

Esta situación es un hecho real que pasa con más frecuencia de la que debería. No podemos negarla ni mucho menos aceptarla porque no es normal que los jóvenes trabajadores no podamos tener derecho a un futuro digno y nos veamos obligados a vivir con nuestros padres hasta casi la treintena. El acceso a la educación, a un trabajo y a una vivienda dignos y, sobre todo, al lado de casa, son derechos fundamentales a los que no vamos a renunciar.