tintaroja.es


Síguenos en:

rss

Instagram CJC

YouTube
en Facebook
en Twitter

Jue09072020

Última actualización09:36:03 AM GMT


Otro ataque de la burguesía hacia los derechos del profesorado

  • PDF
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 

El día 18 de febrero se hizo pública la notícia de que el gobierno pretende destinar 22 millones de euros a la contratación de profesores jóvenes, recién salidos de la universidad, para trabajar en institutos que el gobierno considera problemáticos con contratos de becario, sueldos bajos y condiciones laborales miserables. Esta medida se aprueba en un contexto en el cual se ha prescindido ya, en los últimos años, de al menos 25.000 profesores en los centros educativos.

........

A pesar de que el gobierno se dedique a ametrallarnos periódicamente con la cantinela de que el temporal está pasando, al estilo de los brotes verdes de Zapatero, lo cierto es que la crisis económica actual es sistémica y amenaza de manera irreparable la tasa de ganancia de los capitalistas. Es por ello que están decididos a seguir adelante con su intensa ofensiva por mercantilizar servicios que antaño ofrecía el Estado del Bienestar y que, actualmente, ofrecen enormes perspectivas de negocio a los monopolios.

La educación no se salva de esta ofensiva, de manera que en los periódicos o en nuestras pantallas de televisión podemos encontrarnos de manera constante notícias que vienen a confirmar el desmantelamiento sistemático de la educación pública para ponerla al servicio de los intereses mercantilizadores de las grandes empresas.

Si estos días los sindicatos de estudiantes preparan una jornada de huelga y movilización estatal para el 26 de febrero que se anuncia grande y contundente, lo cierto es que cada vez tienen más motivos para moverse, no sólo en el ámbito puramente estudiantil sino también de la configuración general de los centros educativos. Los trabajadores de estos centros también sienten las embestidas de la burguesía, con lo que es factible, y de hecho necesaria, una alianza con ellos.

Una de las direcciones en las que se dirige la ofensiva de la burguesía contra los derechos de los trabajadores en la educación es en el sentido de flexibilizar sus condiciones laborales.

Todos recordaremos que, un par de años atrás, la Comisión de Expertos creada por el Ministro Wert para analizar la reestructuración de la universidad pública sugería en un documento público la desfuncionarización del profesorado, en este caso universitario. Es decir: aprovechar las jubilaciones progresivas de los profesores para sustituirlos por jóvenes con contratos precarios, acabando con la libertad de cátedra y logrando condiciones laborales y salarios paupérrimas.

En la misma dirección, la LOMCE permite a los directores de instituto jugar con las condiciones laborales de los profesores en los centros, funcionarios o no, y también les habilita para contratar a maestros saltándose las listas del funcionariado.

A estos gravísimos ataques contra los derechos del profesorado, se suma una nueva iniciativa del gobierno, que hace poco anunció su decisión de destinar 22 millones de euros para lograr que al menos 2.000 titulados universitarios pasen a ejercer como profesores en los institutos.

El objetivo es claro. Tras el falso discurso de que esta medida pretende lograr empleo para los titulados se esconde el deseo de sustituir progresivamente al profesorado funcionario, con condiciones laborales más estables y sueldos más altos, por jóvenes sin experiencia a los que se puede explotar con más facilidad. El resultado es mayor desempleo entre el profesorado y, en conjunto, una degradación de los condiciones laborales de los que todavía trabajen.

El Ministerio ya dejó claro, por si a alguien le quedaba alguna duda, que los nuevos profesores estarían trabajando con contrato de becarios y en calidad de tales, con lo que ello lleva asociado. Bajo el engaño de la "formación" pretende aprovecharse de jóvenes para sustituir a los profesores más veteranos.

Y como no podía ser de otra manera, la medida estelar va acompañada de un rimbombante discurso sobre la excelencia, palabra que, por infame, es ya muy conocida entre el estudiantado de las universidades. El Ministerio pretende presentar esta medida como un premio a los alumnos "excelentes", pues se requerirá un ocho de nota media en la carrera para obtener el contrato.

En otras palabrasa: el gobierno pretende aprovecharse de los estudiantes más brillantes para explotarlos por cuatro duros y con unas condiciones de trabajo miserables.

Por si fuera poco, esta medida se toma en un contexto en el cual las autoridades han procedido ya a prescindir de 25.000 docentes en los últimos años (datos del 2012 al 2014). Esto supone una reducción del 4,75 % de la plantilla.

La Secretaria de Estado de Educación, que últimamente encontramos de manera asidua en las portadas de los medios de comunicación escrito con declaraciones profundamente dañinas para los intereses del estudiantado y del profesorado, intentó plantear la medida como algo positivo, asegurando que los jóvenes irían destinados bien a centros educativos con niños que requieren atención especial o a institutos con un alto índice de repetidores. Lo que quería decir, en realidad, es que los centros a los que el gobierno vergonzosamente da menos prioridad tendrán que contentarse con profesores menos preparados y más explotados.

Como se apuntaba al comienzo del artículo, este es sólo un motivo más que se añade a la larga lista de agravios y reivindicaciones que la comunidad educativa en su conjunto está acumulando en los últimos años y que el día 26 de febrero sentirá su rechazo en esa gran jornada de huelga y movilización que se está gestando. Un paso más en el largo camino de acumulación de fuerzas por conquistar una educación pública y de calidad al servicio de la clase trabajadora.


Domenec Merino es Subdirector de Opinión de Tinta Roja.

Otros artículos de este autor:


AddThis Social Bookmark Button

Enlaces

 

Campañas de la Juventud Comunista

mos   luchar

Síguenos en Twitter


Síguenos en Facebook